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El sistema público de pensiones español tiene dos fuentes de financiación. El principal son los ingresos por las cuotas sociales que pagan trabajadores y empresarios y que sirven para costear las pensiones corrientes. Por lo tanto es un sistema «contributivo», porque básicamente cuesta con las bajas de los empleados activos y «departamentales», porque los jubilados actuales reciben sus pensiones en base a lo que han aportado en el pasado y les han pagado por las bajas de los activos. trabajadores. Sin embargo, estos aportes no son suficientes para pagar el nombre de las pensiones y por ende el sistema necesario de la segunda fuente de financiamiento que son los montos generales. Y en este punto se abre el debate sobre el hecho de que las crecientes suscripciones a pensiones con cuantía restan importancia a que éstas se destinen a otros usos.
Participando en el diseño del sistema de pensiones, el investigador de Fedea y el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, Miguel Ángel García, llaman la atención sobre los números rojos que representan la parte exclusivamente contributiva del sistema de pensiones (ingresos por cotizaciones menos pagos por pensiones contribuyentes), sin contar la parte que se paga con las facturas. Este saldo negativo aumentó en 2023 hasta los 55.919 millones de euros, lo que equivale a 3,8 puntos del PIB, algo superior al déficit respecto a lo que cierran las administraciones públicas (3,7%).
Para llegar a esta cifra García se basa en los resultados oficiales del Sistema de Seguridad Social, que finalizó 2023 con un déficit equivalente al 0,6% del PBI, cifra muy similar al año anterior. Si es necesario que este porcentaje aumente en dos dígitos, hasta el 0,8% del PIB, si se excluyen los ingredientes correspondientes a las tarifas destinadas al Mecanismo de Equidad Intergeneracional, «porque son un ingrediente que no está disponible para pagar las pensiones actuales como si ingresa en el fondo de reserva que sólo estará disponible a partir de 2032″.
Dicho esto, este economista explica que para pagar la totalidad de la factura de las pensiones, la Seguridad Social se enfrenta, además de los ingredientes netos ordinarios de las tarifas sociales, a otras transferencias específicas del Estado por valor de 27.231 millones de euros (un 1,9% del PIB): uno para el pago de complementos a las pensiones mínimas (7.345 millones de euros), y el segundo, muy superior en cantidad, destinado al pago de las que García considera «mal llamadas» gastos indebidos (19.886 millones de euros). De esta forma, si no se contabilizan estas transferencias de montos, lo que este investigador llama “saldo de cotizaciones del sistema de seguridad social” sería casi el 2,7% del PIB. Ya, a estos se han sumado otros 1,2 puntos del PIB en las transferencias del Estado (también de los montos) para el pago de pensiones de las clases pasivas de funcionarios jubilados. Sin embargo, está vinculado al mencionado déficit de cotizaciones de 3,8 puntos del PIB que debe financiarse con deuda y deudas generales.
El Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad Social, ha llevado a cabo una revisión de esta contabilidad, defendiendo que el uso de pagar parte del sistema de pensiones con cantidades es legítimo y muy común en otros países del entorno comunitario. Sí, García y muchos otros investigadores de las pensiones defienden que es precisamente esa radiografía financiera del sistema la que permite analizar más correctamente su funcionamiento para tomar los medicamentos necesarios para garantizar su sostenibilidad.
Por tanto, para los defensores de esta contabilidad, es importante que la situación financiera sólo de la parte contributiva del sistema de pensiones —cuyo gasto absorbe el 13,1% del PIB y casi el 30% del gasto público total— sea objeto de debate en sociedad porque cuantos más recursos de deuda requiera financiación de pensiones, menos financiación tendrá para otros posibles usos del gas público, advierte García.
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