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Esta semana, el Gobierno comienza el proceso que culminará con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025. Las actividades incluyen reuniones el lunes de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) y del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), y la aprobación por parte del Consejo de Ministros del marco macroeconómico y, posiblemente, del «techo de gas» este martes.
En las reuniones con los ayuntamientos de la CNAL y con los asesores autonómicos del CPFF, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comunicará los objetivos de déficit y los recursos asignados a estos organismos estatales para el próximo año.
En el marco macroeconómico, el ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, anunció que el jueves el Gobierno revisará al alza la previsión de crecimiento del PIB para este año, extendiéndose hasta 2025. Aunque las cifras exactas aún no se han publicado, Cuerpo confirmó que la revisión para 2024 elevará el crecimiento del PIB del 2% actual a aproximadamente 2,5%, mientras que para 2025 la previsión es del 1,9%.
El Banco de España prevé un crecimiento del PIB del 2,3% este año y del 1,9% en 2025, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima un 2,4% este año y un 2,1% el próximo, y la Comisión Europea proyecta un 2,1% para 2024 y un 1,9% para 2025.
Paralelamente, el Gobierno ha iniciado negociaciones para asegurar los PGE de 2025, buscando apoyo de diversos partidos mediante la «geometría variable», una estrategia utilizada en el pasado para aprobar diferentes normativas.
Fuentes del Ejecutivo han compartido con Servimedia detalles sobre los nuevos Presupuestos, destacando la «pistola de emergencia» anunciada por el Ministerio de Hacienda el mes pasado. Esta medida, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), obliga a los ministros a definir sus prioridades y presupuestos.
El contexto político es complejo, especialmente en Cataluña, donde las elecciones del 12 de mayo dieron la victoria al socialista Salvador Illa, pero aún no hay candidato para la investidura ni acuerdos para su retiro. Las negociaciones están estancadas, aunque no se han revertido, según fuentes del Ejecutivo.
Para facilitar la aprobación de los primeros pasos de los PGE, el Gobierno ha incluido en la Ley de Igualdad un compromiso para eliminar el veto del Senado sobre los objetivos de déficit, permitiendo que sean aprobados solo con el Congreso. Esta medida ha generado un debate jurídico tras su presentación por el PP en el Congreso. Con todo esto, el objetivo de Montero es presentar el proyecto de Presupuestos en octubre.
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